Colectivas de madres e infancias en Yucatán se reunirán el 24 de julio con la diputada Clara Rosales para impulsar una reforma al Código Penal que castigue con mayor severidad la violencia vicaria y económica. Buscan garantizar justicia a mujeres víctimas y visibilizar a los deudores alimentarios del estado.Entre las principales demandas están: hacer público el padrón de deudores alimentarios, tipificar como delitos graves la deuda alimentaria y el abandono en el embarazo, impedir el cambio de custodia por al menos un año si no hay cumplimiento puntual de la pensión, y establecer protocolos urgentes para recuperar menores sustraídos. También proponen un laboratorio estatal de ADN gratuito para madres, cuyo costo deberá ser cubierto por el padre si se confirma la paternidad.